sábado 20 de marzo de 2010

Estrategias para la Reconstrucción

Estrategias para la Reconstrucción: las necesarias alianzas del Estado con la Sociedad Civil y el Empresariado.
El nuevo gobierno debe estar muy complicado frente al desafío de reconstruir el país con la realidad de un aparato público que ha recibido de la Concertación, el cual cuenta con un escaso margen de maniobra para poder actuar como amerita el estado de catástrofe que vive el país.
 

Los grandes empresarios  son fieles a sus intereses y, más allá de la proyección de imágenes y marcas que supuso la campaña televisiva de 24 horas para juntar fondos para la emergencia, en el momento de dar sustentabilidad a la reconstrucción aparece inmediatamente el lobby que busca reducir al máximo el impacto que las medidas de gobierno pudieran tener sobre sus negocios.
 

Es algo que el actual Presidente conoce bien, ya que ha vivido en las ligas mayores de los negocios y desde esa óptica, y tal como lo señala Peter Drucker, una de las tareas empresariales es influir en las decisiones políticas para que ellas puedan favorecer sus intereses. Pero cuando Sebastián Piñera y su equipo han pasado al otro lado del mostrador, descubren el escaso margen de maniobra que les deja el sistema imperante, ése que administrara por 20 años la Concertación, más papista que el Papa, sin tocarle un cabello a las bases del modelo heredado desde el régimen militar.
 

Sin embargo, el momento histórico con medio país por el suelo, demanda medidas extraordinarias y una voluntad política enérgica para romper las reglas cuando fuere necesario. Porque para poder actuar como un estadista y aprovechar la oportunidad histórica que le ha dejado la catástrofe, en términos de lograr revertir esta crisis y convertirla en una gran oportunidad para la corrección de las inequidades estructurales del modelo, Sebastián Piñera necesita articular alianzas estratégicas del Estado con la Sociedad Civil y con los  Grandes Empresarios, de manera de poder dar viabilidad a los cambios que significa pasar, al menos por el período de su gobierno, de un Estado Subsidiario a un Estado Empresario.
 

Esta sería la respuesta estatal  para poder dirigir los recursos hacia mega proyectos de reconstrucción y recuperación productiva, que permitan una inflexión a partir del enorme retroceso que ha significado la catástrofe.
 

En sus relaciones con la Sociedad Civil, los grandes aliados serían clase media, los profesionales, comerciantes y pequeños empresarios, los funcionarios públicos del país, con quienes sería necesario articular un gran pacto social. Una de las claves para este acercamiento, debiera ser la formulación de un plan de subsidios directos para la recuperación de viviendas y de actividades productivas.
 

Plantear capital de riesgo para emprendimientos, con criterios de asociatividad, cooperación y mancomunión de esfuerzos por grupos o sectores, permitiría asegurar que el gasto público no sea asistencial sino de inversión. Si el Gobierno fuese capaz de construir una relación no asistencialista con la gente afectada por la catástrofe, podría ganar un amplio espacio en materia de liderazgo y recuperación de confianzas. En ese ámbito de lo social las diversas sensibilidades políticas podrán competir, aportando la energía de sus movimientos o de sus militantes, pero todos en función de un plan que conjugue un camino nacional para recuperar poblaciones, barrios, pequeño comercio y empresariado.

En sus relaciones con los grandes empresarios es donde el gobierno debe plantearse con una férrea voluntad política para aplicar cambios tributarios efectivos. Porque para hacer mayonesa hay que romper huevos, esta coyuntura es excepcional y nadie podría negarse a una medida impositiva de justicia social. El gobierno, si se atreve, está en condiciones de legitimar acciones extraordinarias para equilibrar el gasto fiscal, para realizar con acciones propias del Estado las obras gigantescas que demandará la reconstrucción.
En este  gran desafío, el Estado debe ser capaz de facilitar la coinversión público privada, pero para ello debe sanear algunas zonas oscuras del Estado, como lo sería el  sistema de Concesiones que construyó la Concertación, para hacerlo transparente, desconcentrado, descentralizado a nivel territorial y con participación ciudadana para su implementación.

También sería necesario revisar el Sistema de Empresas Públicas para obtener una máxima fiscalización de su gestión, para que dejen de ser ghettos que nadie controla y donde se benefician de los ingresos los que manejan esas empresas, sin que exista un balance social efectivo de esas organizaciones públicas desconcentradas.

Si el Estado pudiese en el marco de la catástrofe idear soluciones para avanzar en el mejoramiento integral de la infraestructura nacional, se podría presentar a los inversionistas mundiales un banco de proyectos BOT, Building, Operate and Transfer, que permitan asegurar la participación compartida de agentes económicos nacionales, de capacidades empresariales intermedias que podrían configurarse como clusters e incorporando el control ciudadano y de los Gobiernos Regionales. Con un rayado de cancha equitativo, los inversionistas extranjeras vendrán y competirán por posicionarse en el Plan de Reconstrucción de Chile.

Y en la aplicación de un Royalty más justo a las compañías mineras extranjeras, que mantienen una gran deuda medioambiental con Chile, el Gobierno no debe atender la tesis de los lobbistas de turno que ya están hablando que un cambio de reglas del juego podría espantar la inversión extranjera, porque eso es una falacia, ya que en el contexto global el recurso es valioso y es interés de las grandes compañías mundiales seguir manejándolo, por lo cual hay espacio para imponerles un trato equitativo después de décadas de manga ancha, con reglas absolutamente inequitativas.

En resumen, la Historia ofrece una oportunidad única a Sebastián Piñera para que capitalice las banderas de un progresismo nacional, al realizar en su mandato aquellas expectativas que alguna vez se esperó de la Concertación, conduciendo los esfuerzos de reconstrucción moral y económica del país, con un Pacto Social que se funde en estos dos frentes estratégicos: la sociedad civil y el empresariado responsable de Chile.

Chañaral, 20 de marzo de 2010.Hernán Narbona VélizAdministrador Público, Académico UNC, Periodista DigitalMiembro de PFC Periodistas Frente a la Corrupción

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