Chile: un ensayo de compromiso histórico

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Chile: un ensayo de compromiso histórico

Capítulo VII

LAS RAICES DEL DESABASTECIMIENTO Y DEL "MERCADO NEGRO"

Salvador Allende fue elegido Presidente de la República el 4 de septiembre de 1970. Obtuvo un millón 75 mil votos, es decir, el 36,3 por ciento de la votación total. Ganó a su más cercano oponente, Jorge Alessandri, por 39 mil votos. Como no obtuvo la mayoría absoluta de votos (la mitad más uno) era necesario, según la legislación chilena, que el Congreso Pleno eligiera al Presidente de la República entre los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones.

Desde el mismo momento en que Allende obtuvo la más alta votación comenzaron las maniobras de la extrema derecha chilena y del imperialismo norteamericano, para impedir que asumiera el mando. En el propio Congreso Norteamericano se ha demostrado la activa participación que tuvo la CIA yanki en estas turbias maniobras, destinadas a impedir que Allende llegara a la Presidencia, así como en las posteriores destinadas a derrocarlo. Ofreció cuantiosas sumas de dinero para sobornar parlamentarios y obtener una votación adversa a él en el Congreso Pleno y más adelante, aún antes que asumiera el mando, estuvo comprometida en el asesinato del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, destinado a obtener un pronunciamiento militar que impidiera la llegada de Allende al Gobierno.

La maniobra para impedir la designación como Presidente de la República de Allende en el Congreso Pleno, consistía en que los parlamentarios opuestos a la Unidad Popular, eligieran a Jorge Alessandri, había obtenido la segunda mayoría. Este permanecería por un breve tiempo en la Presidencia de la República y luego renunciaría, llamando nuevamente a elecciones. En dichas elecciones sería presentado como candidato único de la Democracia Cristiana y de las fuerzas de extrema derecha, Eduardo Frei. Frei ofrecía más garantías a los derechistas partidarios de Alessandri, que Radomiro Tomic, que había sido en 1970 opositor en las elecciones presidenciales a Allende, levantando un programa bastante similar al de la Unidad Popular. Con esta maniobra se obviaba, al mismo tiempo, la prohibición constitucional de que una misma persona fuera presidente por dos períodos seguidos. Entre la presidencia de Frei, que terminó su período en 1970 y su reelección, mediaría el breve lapso presidencial de Alessandri. Este último, a requerimiento de sus partidarios, aceptó públicamente esta maniobra y ofreció renunciar, pese a que uno de los slogan de su propaganda en la campaña presidencial había sido: "quien obtenga un voto más debe ser Presidente". La maniobra politiquera destinada a impedir que asumiera Allende era, además, perfectamente legal y constitucional y se suponía que debía ser aceptada y respaldada por las Fuerzas Armadas. Uno de los más interesados en este despojo del vencedor en las elecciones, era Eduardo Frei, político reaccionario, ambicioso e hipócrita en extremo, a quien le enfurecía ser llamado el "Kerenski chileno" y figurar en la historia como abriendo paso al "comunismo", inmediatamente después de su gobierno.

No obstante, después de aguda lucha, predominaron en la Democracia Cristiana las fuerzas que se oponían a esta intriga constitucionalista. La derecha se había opuesto tenazmente a las reformas aplicadas por Frei en su gobierno a instancias de Estados Unidos. Se temió el descontento de las bases demócratas cristianas, así como una fuerte reacción popular, si el Congreso violaba lo que era una antigua tradición en Chile: elegir a quien hubiera obtenido una votación más alta en las elecciones, aún cuando no lograra mayoría absoluta. Por otra parte, un presidente impuesto por medio de una maniobra parlamentaría, habría tenido que enfrentar una oposición popular desengañada del proceso electoral, es decir, una oposición fuertemente predispuesta a emprender un camino revolucionario de conquista del poder. Es así como el propio oponente a Allende en las elecciones de 1970, Radomiro Tomic, fue uno de los primeros en concurrir a felicitarlo por su triunfo. Este gesto de Tomic motivó un violento altercado de éste con Frei.

La Democracia Cristiana, sin embargo, aprovechó su influencia decisiva en el Congreso Pleno, para condicionar su votación por Allende en ambas cámaras, obligándolo previamente a suscribir un así llamado "Estatuto de Garantías Constitucionales". Dicho Estatuto, sirvió para atarlo aún más desde la partida de su mandato a los estrechos marcos de la legalidad e institucionalidad burguesas y, más adelante, fue una pieza vital para acusar a Allende de violación de esos compromisos y promover con ese pretexto abiertamente su derrocamiento. El Estatuto, entre otras cosas, prohibía tomar medidas restrictivas contra los partidos de oposición y sus medios de publicidad, aún cuando su actividad fuera -como efectivamente lo fue- abiertamente sediciosa; establecía expresamente que las únicas Fuerzas Armadas debían ser las ya existentes y que sólo los Comandantes en Jefe de ellas podían designar a sus subordinados, cerrando el paso así a toda democratización de sus mandos y oficialidad; prohibía la modificación por parte del gobierno del contenido clasista de la educación, etc. etc.

1. La "Huelga" de inversiones en la industria privada.

Uno de los propósitos básicos del Gobierno de la Unidad Popular fue reactivar la producción industrial y el comercio, fuertemente deprimidos en los últimos años del gobierno de Frei. En efecto, el crecimiento industrial que alcanzó un 7 por ciento en los dos primeros años del gobierno demócrata cristiano, bajó en 1967 a menos del 2 por ciento, disminuyendo, así mismo, los índices de crecimiento del producto interno.

El Gobierno de Allende, para lograr una fuerte expansión de la producción industrial y del comercio, proyectó estimular intensamente la demanda popular de productos industriales. Para lograr este objetivo se propuso disminuir drásticamente la cesantía; redistribuir el ingreso nacional, aumentando significativamente la participación de los trabajadores en él; y, subvencionar los artículos de consumo esencial para mantenerlos con precios oficiales que los hicieran accesibles a un amplio consumo. Al mismo tiempo se pensaba utilizar el crédito bancario, que con las expropiaciones de los bancos en manos privadas quedaría casi en su totalidad bajo el control del Estado para estimular el desarrollo de la pequeña y mediana industria. Se suponía que la oferta crediticia barata y orientada hacia la industria privada, unida al desarrollo de una poderosa demanda masiva de productos industriales, constituirían un estímulo decisivo a la inversión en las empresas privadas.

Una parte importante de estos planes tendientes a expandir el mercado interno y democratizar los recursos crediticios, se pusieron en práctica en el curso del primer año de gobierno de la Unidad Popular. La cesantía, que había alcanzado en 1970 a un 8 por ciento de la población activa, fue rebajada a poco más de un 4 por ciento, índice que se mantuvo como promedio durante los tres años que duró el gobierno. Tan sólo en 1971 se dio trabajo a casi 200 mil personas y en 1972 a 98 mil más.

Por otra parte, en el primer año de gobierno, sobre la base de sustanciales reajustes de sueldos y salarios, se elevó la participación de los trabajadores en el total de ingresos del país, de un 51 por ciento al 60 por ciento. Se calcula que en ese lapso el poder real de compra de los obreros fue aumentando en un 20 por ciento. Todo esto repercutió positivamente en el aspecto político para la Unidad Popular, que aumentó a un 44 por ciento en las elecciones municipales de abril de 1971, el porcentaje de votos, de 36,3 por ciento obtenido en las elecciones presidenciales. Precisamente, la Junta Militar, después del golpe de Estado, se ha encargado de revertir en forma brutal esta redistribución favorable a los trabajadores realizada en el primer año del gobierno allendista. Como lo señalara el dirigente demócrata cristiano Radomiro Tomic en una entrevista publicada por el periódico universitario "Rigth On" de Texas, el 15 de noviembre de 1974, tan sólo la libertad de precios, unida a la fijación por decreto de bajos sueldos y salarios que han realizado Pinochet y sus secuaces, han determinado "el descenso de la participación del Trabajo en el PNB de un 55 por ciento (promedio 1970-1972) al 37 por ciento. Esto, agrega Tomic, "ha significado el desplazamiento, del equivalente en Escudos, de más de mil millones de dólares en poder de compra, de manos de 3 millones de asalariados chilenos (incluyendo a las Fuerzas Armadas y Carabineros) a manos de unos cuantos miles de empresarios".

Al estímulo de la demanda, que significó el alza del poder de compra popular, se sumó en beneficio de la industria manufacturera, una ruptura del monopolio del crédito que detectaban los sectores económicos más poderosos. Es preciso tomar en cuenta al respecto, que ya a mediados de 1971, el Estado controlaba el 57,2 por ciento de las acciones de los bancos privados y en 1973, manejaba el 90 por ciento del crédito bancario. Esto permitió, a través de un decreto expedido en el mes de febrero de 1971, bajar la tasa de interés bancario de un 24 por ciento a un 18 por ciento y para la pequeña y mediana empresa rebajarla a sólo un 12 por ciento.

Como consecuencia de estas medidas, en el primer año de gobierno allendista, la tasa de crecimiento del producto interno experimentó un alza de entre 8 y 9 por ciento. El volumen de la producción manufacturera creció en un índice que fluctuó entre un 12 y un 14 por ciento. La inflación, por su parte, que había alcanzado en 1970 a un 36 por ciento, fue disminuía en 1971 a un 22 por ciento.

No obstante, la "expansión" de la producción de la industria manufacturera privada fue más aparente que real. Los empresarios privados entregaron efectivamente más productos al mercado en 1971, pero, fundamentalmente, movilizando la capacidad ociosa de sus industrias, que funcionaban en los años 1969-1970 (como promedio), a un 68 por ciento de su capacidad productiva; y, dando salida al mercado a los fuertes stocks de mercaderías acumulados en 1970. En la mayor parte de las industrias, además, incluyendo las que pasaron a manos del Estado, se registró una aparente mayor entrega de productos al mercado (que a menudo se confundió y se presentó como aumento de la producción), debida a un mayor control, que impidió la tradicional venta de mercancías sin facturación, que realizaban los industriales para eludir el pago de los impuestos. Tan sólo en Sumar, una de las mayores industrias textiles del país, cuando la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) se hizo cargo de la empresa, comprobó que alrededor del 40 por ciento de la producción no era facturada por sus antiguos propietarios. Todos estos factores contribuyeron inicialmente a producir en el gobierno de la Unidad Popular, la "ilusión óptica" de que habían logrado interesar a los industriales privados en la conveniencia de invertir en sus empresas, como respuesta a un vigoroso desarrollo de la demanda y a las facilidades crediticias que se les otorgaban.

Sin embargo, pese a que los industriales privados realizaron inmensas utilidades en función de la intensificación de la demanda promovida por el gobierno, la verdad es que la inversión neta de sus empresas fue de 0. Prefirieron sacar sus utilidades al extranjero en moneda dura, especular con divisas o dedicar sus ganancias a negocios especulativos, en lugar de invertir en sus empresas. En 1971 la balanza de pagos de Chile tuvo un déficit de 320 millones de dólares, de los cuales 270 millones corresponden a la exportación oficial de capitales privados. No sólo se resistieron a ampliar y modernizar sus industrias, sino que, en muchos casos, vendieron materiales de esas empresas para transformarlos en dólares, redujeron drásticamente la compra de materias primas e, incluso en algunos casos, distribuyeron las reservas de las empresas entre los accionistas.

Así pues, la política destinada a promover la inversión en la industria privada, política a la que (como veremos) el gobierno allendista se jugó por entero aún a costa de generar gravísimos problemas a la economía general del país, constituyó una de las primeras y más graves grietas en los planes económicos de la Unidad Popular. Al respecto, lo importante es consignar que se trató de un fracaso de origen eminentemente político. Pese a que los mecanismos de estímulo funcionaron desde el punto de vista económico, el Gobierno de Allende no logró conquistar para una política de inversiones y de expansión de sus empresas a los sectores medios de industriales. Esto, no obstante las ventajosas oportunidades de crédito y de ventas que les ofrecía. Por el contrario, los más encarnizados enemigos del gobierno: los sectores monopolistas internos y los consorcios norteamericanos afectados por las reformas, fueron quienes lograron ganar a dichos empresarios medios para una política de oposición cerrada e intransigente contra el gobierno y sus planes. La mayor parte de los comerciantes fueron, también conquistados por la oposición. Es así, como los industriales plegándose a una verdadera "huelga" de inversiones, a menudo sabotearon sus propias industrias e intentaron paralizarlas en conjunto con los transportistas y comerciantes. Este sabotaje a los planes de desarrollo de la economía del gobierno de la UP, por parte de los empresarios de las industrias no estatizadas, fue extremadamente grave, ya que, aún después de efectuadas el total de expropiaciones que logró materializar el gobierno de Allende, ellos continuaron controlando las 3/5 partes del total de la producción industrial manufacturera.

2. La debilidad genera el aislamiento.

El fracaso en ganarse a las capas medias de empresarios industriales y a los comerciantes, para que complementaran el desarrollo productivo que se pensaba lograr expropiando a los grandes monopolios internos y extranjeros, fue un fracaso de la estrategia misma de conquista del poder a la que los dirigentes del P"C", arrastraron a la Unidad Popular. Dichos sectores medios de comerciantes e industriales, estuvieron siempre plenamente conscientes que quienes, continuaban controlando realmente el poder eran los sectores monopolistas de la industria y del comercio, las grandes empresas norteamericanas que operaban en Chile y la oligarquía terrateniente. Sabían que dichos sectores mantenían una influencia dominante tanto en las instituciones básicas del aparato estatal (incluyendo en él a las Fuerzas Armadas), como desde el punto de vista político, económico y propagandístico. La Unidad Popular, en última instancia, con su triunfo en la elección presidencial, sólo había logrado conquistar una parte del Poder Ejecutivo, de un Poder Ejecutivo por lo demás, maniatado por las otras entidades del poder burgués y plenamente infiltrado en sus instancias burocráticas por fuerzas adversas de la oposición. Lo había logrado, por otra parte, por medio de una precaria mayoría electoral fruto de la división de sus adversarios.

Los golpes económicos que el gobierno allendista propinó a algunos poderosos sectores monopolistas internos y foráneos, así como a los latifundistas a través de sus expropiaciones, no contribuyeron tampoco a generar en los sectores medios una fuerte y convincente imagen de poder del gobierno de Allende. Dichas empresas intervenidas o expropiadas, fueron hasta la caída misma del gobierno, disputadas fieramente a éste por sus antiguos propietarios; y su administración por parte del Estado, fue continuamente interferida por la Contraloría General de la República, por los Tribunales de Justicia y por el Parlamento. Por lo demás, como veremos mas adelante, dichas empresas lejos de ser una importante fuente de ingresos y una palanca rectora de la economía en su conjunto, se transformaron en la fuente de un gigantesco déficit y en un pesado lastre para el gobierno. Como una demostración póstuma de que los sectores monopolistas mantuvieron siempre, pese a las expropiaciones e intervenciones, una clara conciencia de su poder dominante y de que no cejaron jamás en su intención de recuperar sus empresas, está el hecho de que la casi totalidad de ellas han retornado a sus manos después del golpe de Estado, demostrando que las expropiaciones no eran irreversibles como pensaban los dirigentes de la Unidad Popular. Más aún, los industriales que aceptaron vender sus empresas al gobierno han sido sometidos a procesos judiciales por parte de la Junta Militar.

La Unidad Popular y el Gobierno de Allende, por consiguiente, no contaron con la influencia real sobre las capas medias, que sólo puede alcanzar un movimiento popular cuando ha logrado movilizar combativamente (y no sólo electoralmente) a las grandes masas, en función de una conquista revolucionaria del poder. Influencia que se redobla una vez que se ha conquistado y se controla efectivamente el poder estatal y se cuenta con la fuerza suficiente y necesaria para defenderlo. Sólo un control de esta especie del poder, como fruto de una auténtica revolución dirigida por el proletariado y capaz de destruir el Estado burgués, permite tanto realizar exigencias a las capas medias como ofrecerles, a costa de los intereses monopolistas e imperialistas expropiados y del control del poder, ciertas garantías y ventajas.

El fracaso en conquistarse a los sectores medios de industriales, así como a los comerciantes, profesionales, pequeña burguesía artesanal y de servicios y aún a numerosos sectores de empleados y obreros, que debido a la crisis y a la evidente debilidad del gobierno se plegaron a la oposición, no fue exclusiva o simplemente el resultado de errores tácticos cometidos en el trato con dichos sectores. Esta tesis que pretende explicar la pérdida de los sectores medios por parte del gobierno de Allende, atribuyéndola a "errores tácticos" cometidos en el trato con ellos, es sostenida aún hoy por aquellos dirigentes de la Unidad Popular que se niegan a sacar lecciones correctas de lo ocurrido en Chile e insisten en defender la falsa estrategia del "camino pacífico" al poder. Se trata en esencia de oportunistas recalcitrantes, que no quieren reconocer el fracaso al que arrastraron a vastos sectores populares aplicando la línea de Jruschov y sus sucesores a Chile y pretenden endosar la responsabilidad de su fracaso a pretendidas tendencias "izquierdistas" infiltradas en la Unidad Popular o marginales a ella. La verdad es que, su desplazamiento hacia una oposición intransigente comandada por las fuerzas más reaccionarias, se derivó, básicamente, de un problema concerniente al poder alcanzado por la Unidad Popular y su Gobierno o, para ser más precisos, concerniente al muy débil control de poder con el que la Unidad Popular pretendió imponer sus reformas. Debilidad de poder político, derivada de la falsa estrategia para conquistarlo impulsada por los dirigentes del P"C" y aceptada en lo fundamental por la dirigencia cíe la Unidad Popular. Ni la mejor de las tácticas con los sectores medios podía compensar la convicción de dichos sectores respecto a la muy débil base de sustentación en la que se apoyaba la Unidad Popular y su Gobierno, en sus pretensiones de aniquilar a las fuerzas económicas y políticas más poderosas del país. Ningún malabarismo táctico podía hacerlas olvidar el poderío decisivo que conservaban esas fuerzas dominantes en el aparato estatal, poderío que, por lo demás, se fue dejando sentir en forma implacable y creciente durante todo el gobierno allendista, comenzando desde antes que Allende asumiera el mando. Al fin y al cabo, pese a las contradicciones que tienen los sectores medios tanto con la burguesía monopolista y financiera, como con la oligarquía terrateniente y con el imperialismo norteamericano, es con esas fuerzas con las que poseían (y poseen aún) los más fuertes vínculos y ataduras económicas. Por lo mismo, para las vacilantes capas medias, resultaba como (.lar un salto en el vacío el volverse contra los sectores dominantes, para apoyar tan solo en aras de beneficios inmediatos, a un gobierno empeñado en destruirlos con muy pocas probabilidades de éxito.

Por otra parte, los sectores metilos, no sólo no confiaban en las posibilidades de éxito del gobierno de la Unidad Popular, sino que, al mismo tiempo, temían por sus intereses si es que los planes de estatización seguían aplicándose. Este temor de la pequeña burguesía y burguesía media fue también hábilmente estimulado por la muy eficaz propaganda de la oposición derechista. La oposición reaccionaria desplegó al respecto campañas tan audaces como arteras, llegando, incluso, a emplear falsos encuestadores que visitaron numerosas casas para indagar, "a nombre del gobierno", las habitaciones que había disponibles en ellas para "instalar allí en el futuro a indigentes que carecían de viviendas". No obstante, insistimos, más que el temor al gobierno, influyó en los sectores medios el poderío ostensible del sector reaccionario y el temor de lo que les ocurriría en el futuro, cuantío la Unidad Popular fuera desplazada, si es que tenían una posición de colaboración con su gobierno. Frente a las amenazas (reales o ficticias) contra la propiedad privada que los hacía temer por sus intereses, los sectores medios, no tenían más que dos alternativas: o intentaban preservar sus intereses y aún obtener mayores franquicias, apoyando la política del gobierno de Allende destinada a liquidar a los grandes monopolios; o bien, se unían en defensa tic sus intereses a esos monopolios amenazados, haciendo causa común con ellos contra el gobierno. No cabe duda que fue este ultimo camino el que prefirieron la mayor parte de los industriales y comerciantes medios y aún pequeños, pese a las franquicias que tuvieron para expandirse, lo ocurrido demuestra, una vez más, cómo el temor y las vacilaciones tic los sectores medios, pueden jugaren un doble sentido contradictorio: o bien a favor o bien en contra de los cambios sociales anti-imperialistas y anti-monopolistas. Si los cambios son impulsados por un movimiento revolucionario realmente fuerte y poderoso, capaz realmente de conquistar el poder, el temor que sienten por el avance proletario los sectores medios (unido a las concesiones que les ofrece el movimiento revolucionario), los impulsa a ceder, a amoldarse a los cambios para sobrevivir y hasta a oponerse al gran capital. Por el contrario, si son los sectores más reaccionarios quienes demuestran ser más fuertes, quienes controlan sólidamente el poder, las capas medias se pliegan a ellos y su temor a los cambios, los lleva a servir de base social a las tendencias fascistas del gran capital. En esencia, se trata de si el frente Único lo dirige el proletariado, con una línea marxista-leninista acorde a sus intereses; o si lo dirigen sectores oportunistas, reformistas y revisionistas del marxismo, como ocurrió en Chile.

3. Desequilibrio entre la oferta y la demanda y crisis de la Balanza de Pagos.

El fracaso político de las medidas económicas tendentes a lograr una expansión déla industria privada, fue uno de los principales factores desencadenantes del desabastecimiento, estimulado para preparar la caída del gobierno de Allende. Ese desabastecimiento, unido a la desenfrenada especulación que lo acompañó, fue uno de los factores fundamentales utilizados por la extrema derecha para desarrollar la base social necesaria para el golpe de Estado y la implantación del fascismo. Dada la negativa absoluta de los industriales privados a invertir en sus empresas y, por el contrario, su creciente compromiso con campañas de sabotaje a la producción y a la distribución, la política destinada a incrementar fuertemente la demanda, no podía menos que traducirse en una aguda escasez de productos en el mercado. Esta aguda escasez comenzó a hacerse sentir, no bien los industriales terminaron de llenar sus bolsillos poniendo en movimiento la capacidad ociosa de sus industrias y agotando sus stocks de productos acumulados en bodega en 1970, y se agravó cuando se produjo el colapso en el presupuesto de divisas de fines de 1971.

Hay que considerar que la expansión de la demanda, no sólo se debió a la disminución drástica del desempleo, al aumento significativo del poder de compra de los trabajadores materializado el 71 o a la congelación de los precios. Hubo también un fuerte incremento de la demanda de productos por parte de los sectores empresariales, precisamente porque estaban decididos a restar sus utilidades de la inversión productiva y a emplearlos como capital especulativo, comprando para revender en "mercado negro". Estas utilidades disponibles de los industriales se multiplicaron, además, ya que el gobierno mantuvo a precios artificialmente bajos (en la ingenua esperanza de estimular así el desarrollo de las empresas privadas), las materias primas y energía generadas en las empresas controladas por el Estado. Esas ganadas fueron a parar también al bolsillo de los especuladores, cuando no a cuentas de dólares en bancos extranjeros.

En este poderoso incremento de la demanda es precio incluir también los gastos del ávido sector de la burguesía burocrática, que se desarrolló a partir de las capas dirigentes y cuadros medios de la Unidad Popular. Esta nueva burguesía burocrática se fue implantando, básicamente, al mando de las empresas que pasaban, de una u otra manera, a control del Estado: bancos, grandes industrias, minas, servicios de utilidad pública, empresas de distribución mayorista, etc. Si bien es cierto, que a esos administradores de un capitalismo de Estado en pleno desarrollo, se les fijó una remuneración "tope" equivalente a 20 sueldos vitales de un empleado (un vital se consideraba como base para la subsistencia); no es menos cierto, que dicho "tope" correspondía a casi 30 veces el salario mínimo de un obrero. Por otra parte, ese "tope" de 20 vitales fue aumentando considerablemente al dictaminarse, en enero de 1971. que se trataba de 20 sueldos vitales "líquidos", es decir, una vez deducidos de ellos todos los impuestos a pagar. Ya a mediados de 1971, una remuneración "liquida" de este monto, equivalía a una suma superior a la renta mensual de que podía disponer un empresario cuyo capital ascendiera a alrededor de un millón de escudos, es decir, un capitalista mediano bastante poderoso en el contexto chileno. Pero, el sueldo "tope" no era todo. Entre las remuneraciones legales de estos funcionarios estatales, existía la posibilidad de lograr entradas no afectas al "tope" de los 20 vitales, por concepto de viáticos y otras regalías en dinero o en usufructo de determinados bienes como: derecho a casa, a alimentación, a auto y bencina, a combustibles, etc. que los habían a menudo superado con creces y hasta doblar los 20 vitales "tope". El "tope" era un poco como el "techo" de los aviones, dependiente de la pujanza y de los "motores" de quien debía enfrentarlo. Por otra parte, la remuneración "tope" se refería sólo a la remuneración en tanto funcionario, pudiendo estos mantener importantes ingresos derivados de otras empresas o funciones privadas.

Lo anterior, como hemos señalado, se refiere sólo a las remuneraciones legales, "legítimas" obtenidas por la burocracia estatal que operó durante el gobierno de Allende. No obstante, y es preciso decirlo, muchos de esos funcionarios o administradores de empresas o reparticiones fiscales, a diversos niveles, se enriquecieron también con ganancias extralegales. Exigiendo "coimas" por determinados servicios; cobrando comisiones, a menudo en dólares, para autorizar importaciones o exportaciones; practicando el "mercado negro" o el trueque con otras empresas, de artículos que podían obtener a precios oficiales artificialmente bajos; exigiendo un pago extra a comerciantes para otorgarles una cuota de productos a precios oficiales, etc. El propio Ministro de Economía, Orlando Millas, alto dirigente del P"C", se ve obligado a reconocer en un pleno del CC de su partido, la existencia de "quienes se arreglan los bigotes (se enriquecen a la mala) saltando 15 grados de un viaje en los escalafones, continúan gozando de sueldos fabulosos en determinadas empresas, se trasladan a vivir en las casas de los antiguos gerentes y emplean los vehículos del Estado para sus fines particulares". Por su parte, Orlando Muñoz, gerente de ventas de la Distribuidora Nacional (DINAC), organismo central de comercio mayorista, expresó en una circular dirigida al personal de dicho organismo: "Últimamente se han debido tomar medidas disciplinarias serias en contra de varios compañeros por: malos manejos de fondos, realizar comercios por cuenta propia y mal encaminados, adulterar documentos tomando el nombre de clientes, hacer ventas preferenciales, comprar y revender a mayores precios, adulterar boletas, comprobantes, entregar llaves de las bodegas a personas no responsables o que no corresponden, hacer ventas a particulares cuando está terminantemente prohibido hacerlo".

La formación de una burguesía burocrática relativamente numerosa en comparación con los capitalistas desplazados por las estatizaciones, multiplicó considerablemente la demanda de productos y el desabastecimiento que ello generó al operar sobre una industria que no se expandía y sobre una capacidad de importación fuertemente restringida debido a muchos factores. La nueva burguesía burocrática emergió con poderosos apetitos de consumo, de bienestar y aún de lujo. A quienes no poseían automóvil, casa propia, frigidaire, televisor, ropa o alimentos en abundancia, se les abrió súbitamente la posibilidad de adquirirlos. Muchos de ellos, incluso abandonaron las casas que arrendaban en barrios proletarios o de clase media, para adquirir casa en los barrios de clase alta. Esta tendencia arribista a mejorar aceleradamente el nivel de vida se intensificó al extremo a raíz de las ofensivas de la oposición reaccionaria destinadas a derribar al gobierno y cuando cundió la incertidumbre y la desmoralización acerca de su futuro. En esas circunstancias, numerosos funcionarios estatales, desesperanzados ya de encontrar una salida a los problemas del país, se desplegaron a la psicología de: "después de mí el diluvio" y se propusieron enriquecerse antes de que fuera demasiado tarde. En esos momentos, pese a los llamados del presidente Allende a la honestidad se multiplicaron los casos de corrupción y de obtención de ganancias por medios extra-legales. Todo ello repercutió en el consumo, generando fuertes presiones sobre un mercado muy restringido. La capacidad de consumo de 10 o más funcionarios con sus respectivas familias es, sin duda, mayor que la capacidad de un capitalista, que ya posee lo esencial en bienes durables y cuya posibilidad de consumo de bienes perecederos está limitada por el número de sus familiares. Esto, aún cuando dichos funcionarios en conjunto dispusieran de las mismas entradas que el capitalista.

El fuerte incremento de la demanda, no sólo chocó con un desarrollo industrial deliberadamente "congelado" por parte de los industriales, sino, también, con una agricultura estancada desde mediados de siglo y en retroceso respecto al crecimiento vegetativo de la población. En efecto, el aporte de la agricultura al Producto Geográfico Bruto, que era de un 17 por ciento en 1940, había descendido ya a poco más del 7 por ciento en 1969. Esto, no obstante que en el quinquenio 1965-70, a raíz de la iniciación de la reforma agraria por parte de la Democracia Cristiana, había subido el crecimiento promedio anual a cerca de un 3 por ciento, mientras en los últimos 30 años sólo alcanzaba un promedio anual de un 1,8 por ciento. Sin embargo, el crecimiento del último decenio, cuando Allende asumió la Presidencia, era aún inferior al crecimiento vegetativo de la población.

A ese retraso de la producción agropecuaria, heredado de regímenes anteriores, se sumó la negativa de parte de numerosos agricultores medios a sembrar e invertir en sus fundos y un abierto sabotaje por lo que toca a los latifundistas. Estos últimos, quemaron cosechas; mataron (tan solo en la región de Magallanes) alrededor de 120 mil ovejas hembras; sacaron, para vender en el extranjero a comienzos del gobierno de Allende, unas 200 mil cabezas de ganado; crearon en las zonas rurales un fuerte poder de compra privado, para sabotear la entrega de productos de los fundos expropiados al gobierno y estimular así el "mercado negro", etc. etc.

Por otra parte, en la mayoría de los casos, los campesinos que permanecieron trabajando en las tierras de los latifundios expropiados, sólo recibieron una satisfacción moral al verse liberados de la arbitrariedad despótica prepotente de los latifundistas. Cayeron, en cambio, en manos de una burocracia estatal más demagógica y más difícil de combatir, pues era secundada desde el interior mismo de las filas de los trabajadores por los activistas políticos. La verdad es que en los fundos reformados se trabajaba mucho más intensamente que antes, tras una hipotética utilidad que permitiría mejorar las remuneraciones, correspondientes al salario mínimo campesino. Esta presunta utilidad sólo podía obtenerse después de pagar al Banco del Estado el dinero anticipado para financiar la producción del año, más un 12 por ciento de interés anual. No obstante, de obtenerse dicha utilidad, un cincuenta por ciento de ella estaba destinado en los Centros de Reforma Agraria, a incrementar un fondo comunal que se empleaba para amortizar la deuda de aquellos fondos expropiados que no alcanzaban a cubrir el monto de lo prestado por el Banco de Estado para la producción; un 25 por ciento de lo que restaba era empleado como fondo de capitalización; y, sólo un 25 por ciento de la utilidad podía ser distribuida entre los campesinos. Un estudio efectuado en enero de 1972 en la provincia de Talca, por estudiantes de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile, que efectuaron allí su práctica en Asentamientos de la región, demuestra que todos los Centros de Reforma Agraria de esa provincia, lejos de obtener utilidades, terminaron el año agrícola con deudas con el Banco del Estado. En vastos sectores de trabajadores agrícolas pertenecientes a los fundos expropiados, que pese a trabajar más intensamente sólo lograban percibir el exiguo salario mínimo campesino, existía consenso de que al antiguo patrón podrían haberle arrancado a través de la lucha una remuneración mucho mayor. No es de extrañarse pues, que pasada la mística inicial, se comenzara a practicar en los fundos reformados en gran escala el "mercado negro" falseándose las cifras de producción y negándose a entregar los productos a los organismos estatales. Incluso el Presidente Allende, debió denunciar la venta en "mercado negro" por parte de ciertos Asentamientos, de papas seleccionadas que le fueron entregadas como semilla para la siembra. De este modo los campesinos defendían su nivel de vida en la medida en que se daban cuenta que sólo habían cambiado de patrón. Muchos campesinos, conociendo lo que ocurría en los fundos reformados por el gobierno, prefirieron conquistar la tierra a través de una lucha directa contra el terrateniente y cultivarla al margen del control de la Corporación de Reforma Agraria.

Una de las consecuencias de la no inversión en la industria privada y de los problemas que hemos descrito sumariamente, que afectaron la producción agropecuaria ya en crisis cuando asumiera Allende, fue la precipitación a fines de 1971 de una grave crisis de la Balanza de Pagos. Ante las insuficiencias de la agricultura y de la producción industrial y para enfrentar la demanda hipertrofiada que había desencadenado, el gobierno, se vio obligado a incrementar las importaciones. Esto debió hacerlo en condiciones extremadamente desfavorables, debido a la intensa baja del precio del cobre en el mercado internacional (de cuya venta dependen las 3/4 partes de los ingresos de divisas de Chile); el alza espectacular de los precios de los alimentos en el mercado mundial; y, al bloqueo de créditos y trabas a la renegociación de empresas norteamericanas. En 1971, tan sólo los gastos para importar alimentos habían aumentado en un 60 por ciento respecto al año anterior. Si se da crédito a datos de un estudio publicado en abril de 1972 por la Sociedad de Fomento Fabril, que no fueron desmentidos en su oportunidad: "La Balanza de Pagos de Chile" fue deficitaria en 1971 en 225 millones de dólares, cifra que se eleva hasta 385 millones si se consideran postergaciones, deudas vencidas y créditos especiales otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Las reservas internacionales netas, agrega el estudio, descendieron de 377,6 millones de dólares en septiembre de 1970, a 57,6 millones de solares en diciembre de 1971". De este modo, los esfuerzos por evitar el desabastecimiento sobre la base de la importación de productos, al generar una grave crisis en la disponibilidad de divisas, habrían de transformarse en un nuevo y más grave factor de desabastecimiento, esta vez, de elementos aún más esenciales. En noviembre de 1971, el Banco Central, se vio obligado a prohibir la importación de alrededor de 400 artículos cuya internación al país estaba anteriormente autorizada.

El profundo desequilibrio entre la oferta y la demanda, con su secuela de escasez de productos en los mercados habituales, se transformó muy pronto en una de las contradicciones principales del gobierno allendista. Dicha contradicción, fue utilizad y promovida hábilmente por la oposición, asesorada por la CIA yanki como se ha demostrado, para lo que ésta última llamó eufemísticamente "desestabilizar" al gobierno de Allende, es decir, para agudizar la crisis, expandir el descontento y preparar las condiciones para el golpe de Estado militar. Es así, como la escasez creciente de productos fue explotada hábilmente por los medios publicitarios de la oposición, logrando generar en la población una verdadera "psicosis" colectiva de desabastecimiento. De esta manera lograron que todos aquellos que disponían de algún recurso para hacerlo y de ciertas instalaciones caseras como para almacenar productos, se empeñaran en acapararlos tan sólo por el temor de quedar más adelante sin ellos. Luego, la oposición, utilizando aquellas empresas de distribución mayoristas que mantuvo bajo su control, así como conquistando para ello a importantes sectores de comerciantes, comenzó a fomentar planificadamente el ocultamiento de mercancías y su reventa a elevadísimos precios en "mercado negro". Incluso numerosos particulares, que jamás habían ejercido como comerciantes (aún en círculos afectos al gobierno), se plegaron a esta lucrativa actividad especulativa. Por otra parte, aprovechando la gran diferencia entre el precio oficial artificialmente bajo del dólar y su precio en "mercado negro", tanto chilenos como extranjeros, se llevaron grandes cantidades de productos fuera del país, ya sea para negocio o para uso personal. Baste decir, que en determinados períodos era posible adquirir en Chile un par de zapatos en menos de un dólar vendido en "mercado negro", dólar que por su parte había sido comprado a precio oficial exiguo. En noviembre de 1971, había más de 500 toneladas de mercancías en tramitación para ser exportadas tan sólo a Argentina.

Los propios precios oficiales de los productos de consumo esencial, fijados por el Gobierno (para frenar la inflación y expandir la demanda) muy por debajo de las expectativas de venta que ofrecía una demanda insatisfecha, contribuyeron a estimular fuertemente el acaparamiento y la reventa especulativa. Con sólo adquirir a precio oficial un producto, ya sea en una industria o en una distribuidora mayorista, era posible venderlo en "mercado negro" a 10 y más veces su precio oficial. De este modo resultó que plegarse a los planes de la oposición destinados a sabotear la economía a través de la especulación, se transformó en un negocio infinitamente más lucrativo que ejercer una actividad productiva o comercial normales. Por lo demás, gracias a las "mágicas" virtudes de la propaganda reaccionaria, esta forma de robo, la especulación más desenfrenada, el ocultamiento de mercancías y, en general, todo lo que contribuyera a hacer insoportables las condiciones de vida del pueblo y a intensificar el descontento, repletando al mismo tiempo, los bolsillos de los especuladores, se transformó en un "meritorio" sistema de oposición a la implantación del "comunismo" en Chile; en una actividad "patriótica", "noble" y "democrática". Las mismas damas aristocráticas, que tenían las bodegas de sus casas repletas de mercancías escondidas y que habilitaron camionetas y hasta camiones como almacenes improvisados para oficiar como especuladoras, salían a desfilar con todo cinismo golpeando ollas vacías. De este modo, influían sobre vastos sectores medios y aún de trabajadores, reales víctimas de la escasez, y de la especulación, fomentando el descontento y preparando las condiciones y la opinión pública para el golpe de Estado. Tan sólo desde el 5 de enero de 1973 al 25 de ese mismo mes, la prensa tic gobierno denunció por parte de comerciantes y particulares (con fotos de los lugares, nombres de los responsables y direcciones) acaparamientos de: 650 mil litros de vino; 133 mil kilos de carne; más de tres millones de kilos de arroz; 9.350 litros de aceite; 20.500 kilos de harina; 3.400 sacos de cemento; 57.600 latas de conserva; 83 mil kilos de azúcar y otros numerosos productos que eran negados al público como "inexistentes" en el comercio y que sólo se podían adquirir a precios oficiales, a veces y en pequeña cantidad, después de horas y horas de insoportables "colas". Una prueba suplementaria de la complicidad de la mayor parte de los comerciantes en el acaparamiento y "mercado negro" es que, al día siguiente del golpe de Estado como por "arte de magia", aparecieron a la venta en los almacenes todos los productos que antes eran negados al público como "inexistentes".

Las medidas que intentó tomar el gobierno contra el acaparamiento y la especulación debieron materializarse sin ningún respaldo legal, pues la oposición, pese a sus hipócritas protestas contra la especulación y la escasez, se negó siempre a aprobar en el Parlamento una Ley contra el delito económico, propuesta por el gobierno. Dichas medidas de control del gobierno, por lo demás, debido a la debilidad con que fueron aplicadas, no sirvieron para detener la especulación. Sirvieron, .en cambio, para que la oposición las utilizara para antagonizar aún más a los comerciantes con el gobierno.

4. Un intento frustrado de control de la distribución.

A mediados de 1971, el gobierno inicia la organización de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), organismos de base supuestamente destinados a combatir la especulación, el acaparamiento de productos y a asegurar su distribución a precios oficiales. Nacen, sin embargo, viciados por la típica ambigüedad de la línea reformista dominante en la Unidad Popular. No llegaron a ser ni organismos de "poder popular", como los definiera el Ministro de Economía Pedro Vuskovic en la Primera Asamblea Provincial de las JAP de Santiago, celebrada en junio de 1972; ni tampoco organismos reconocidos por la Ley y con atribuciones legales. Su único vínculo con algún organismo dotado de atribuciones legales, es la posibilidad de cada JAP de designar dos inspectores de precios ad-honorem, que eran reconocidos por el Ministerio de Economía. No bien son organizadas las JAP, los partidos de oposición comienzan la guerra contra ellas. Toman la resolución de no integrarse a tales organismos "ilegales" y revitalizan en oposición a ellas, las Juntas de Vecinos, que sí son organismos reconocidos por la ley. Se genera de este modo una aguda pugna sectaria entre las Juntas de Vecinos, instrumentadas por la oposición, y las JAP controladas por los partidos de gobierno, en relación con la distribución de productos a la población. Los partidos de gobierno, que controlan a través de la Central Estatal la distribución mayorista alrededor del 33 por ciento del comercio al por mayor, se esfuerzan con el concurso de las JAP, en favorecer a los comerciantes y a aquellos sectores de la población que les son afectos. Los partidos de oposición hacen otro tanto a través de su control de los dos tercios del comercio mayorista, con el concurso de las Juntas de Vecinos. Es así, como en la medida en que se agudiza la especulación y la escasez, cada vez más vastos sectores son obligados a polarizarse en forma forzada en torno a los dos bloques en lucha, en función de la necesidad tic obtener lo más indispensable para alimentarse y subsistir.

En octubre de 1972, se desencadena uno de los golpes más contundentes dados por la oposición a la economía en general y, en particular, el ya grave problema de desabastecimiento y especulación: el paro patronal. Dicho paro duró desde comienzos de octubre de ese año hasta comienzos cíe noviembre y se plegaron a él: los comerciantes (sólo un 35 por ciento de ellos no acató la orden de paro); los propietarios de camiones destinados al transporte de productos (unos 12 mil); la movilización colectiva de pasajeros y numerosos gremios profesionales (bancarios, etc). Se intentó, así mismo, a través de presiones patronales un lock-out de la industria. En este paro, tanto en su dirección estratégica como en su financiamiento, tuvo una activa participación (reconocida públicamente por ese mismo organismo a raíz de las encuestas hechas por el Congreso de EE.UU.) la CIA norteamericana. El paro no sólo agravó hasta extremos insoportables para la población el desabastecimiento y la especulación, sino que, significó un duro golpe a la producción agrícola. Hubo cuantiosas pérdidas de leche, hortalizas y frutas, es decir, precisamente los alimentos que no podían ser escondidos por los acaparadores y se impidió el transporte de semillas, combustibles y fertilizantes para las siembras de primavera recién iniciadas en esa época. A raíz de ello, las cosechas de arroz, trigo, oleaginosas, remolacha azucarera, etc. resultaron seriamente dañadas. Según expresara el propio Presidente Allende, se perdieron alrededor de 132 millones de escudos por conceptos de fletes, pasajes y peajes-, 3 mil millones de escudos en productos no comestibles, debido al cierre del comercio; 364 millones perdidos por conceptos de recaudación de impuestos. Todo esto sólo en contribuciones que se dejaron de percibir. El Presidente concluye evaluando los daños causados por el paro, unas dos semanas antes que este terminara, en unos 100 millones de dólares. El segundo paro organizado por la oposición, en vísperas ya del golpe de Estado (agosto de 1973), significaría ya una pérdida de más de 200 millones de escudos diarios, arruinándose, además, el 50 por ciento de la cosecha de hortalizas, por falta de transporte a los centros de consumo. Estos paros, unidos al sabotaje abierto que los acompañó, fueron una verdadera carga de dinamita colocada por la oposición en la importante grieta existente en la economía que significaba el desabastecimiento, generado por el bloqueo y las dificultades para importar, por los sabotajes y el acaparamiento, por la "huelga" de inversiones privadas en la industria, así como por el fracaso en el manejo de las empresas estatales.

El gobierno, en lugar de impulsar la importante contra-ofensiva que protagonizó el pueblo y, particularmente, la clase obrera, para derrotar el primer paro de la oposición, detuvo (como veremos más adelante) dicha contra-ofensiva popular e intentó resolver los problemas surgidos a través de tibias medidas administrativas y legales. En enero de 1973, envía al Parlamento una Ley contra el delito económico y hace un intento, a través del Ministerio de Hacienda, por tomar el control de la distribución de productos.

La Ley de delito económico fue discutida en el Parlamento a comienzos de 1973. El Partido Nacional (de extrema derecha), votó, simplemente, contra la idea de legislar. La Democracia Cristiana y el Partido de la Izquierda Radical (PIR), hicieron algo aún peor: votaron a favor de la idea de legislar, pero con el propósito, según lo expresara el Senador Carmena de la DC, de transformar el proyecto "en uno diametralmente opuesto", como efectivamente lo hicieron. El proyecto del Ejecutivo proponía sanciones de cárcel "a quienes hagan declaraciones falsas o entreguen falsos antecedentes sobre sus actividades económicas; a quienes destruyan o eliminen del mercado artículos de uso o consumo habitual, con el propósito de producir desabastecimiento, alterar el orden público, causar daño a la seguridad, la administración, la salud o la economía pública". Son penados, así mismo, "los que destruyeren o inutilizaren maquinarias, instalaciones, plantíos u otros medios de producción industrial, minera, agrícola o comercial; a los que atesoren materias primas o productos en un volumen mayor a sus necesidades personales o empresariales", etc. etc. Una vez aprobada la idea de legislar, fue el Partido Nacional el encargado de presentar un contra-proyecto, opuesto al del gobierno. En dicho proyecto, por cierto, no se menciona siquiera a quienes practican el acaparamiento, el "mercado negro", el sabotaje y otros delitos de este tipo. Se establecen, en cambio, penas contra los funcionarios públicos que se excedan en sus funciones; se pena la intervención del Estado sobre una empresa por más de 30 días; se condiciona la emisión de moneda (que es en Chile atribución del Ejecutivo) a una autorización previa del Senado; se establece que los industriales expropiados podrán apelar a la Corte Suprema de Apelaciones, la que podrá invalidar las resoluciones del gobierno, etc. etc. En suma, la mayoría parlamentaria de oposición hace mofa sangrienta del proyecto de delito económico del gobierno y levanta otro destinado exclusivamente a impedirle la aplicación de su programa.

Las medidas administrativas, paralelas al proyecto de delito económico, servirán también para mostrar la extrema impotencia del gobierno de la Unidad Popular, sin un control efectivo del poder y sin atribuciones legales efectivas en los marcos de la sociedad burguesa, que anhela transformar en un capitalismo de Estado. El 11 de enero de 1973, el Ministro de Hacienda Fernando Flores, perteneciente al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), plantea la creación de una Secretaría Nacional de Distribución, que celebrará contratos de exclusividad con las empresas industriales privadas que producen bienes de consumo esencial, tomando en sus manos la comercialización de dichos productos. No obstante, esos contratos no son planteados como obligatorios y para hacerlos efectivos sólo se establece que el gobierno "tomará en cuenta en que medida las empresas se han acogido y han cumplido los contratos de comercialización". Medida absolutamente irrisoria dado el carácter abiertamente sedicioso y resuelto que ya ha adoptado la ofensiva de la oposición con el propósito de derribar al gobierno. En las empresas del Área Social, en cambio, se establece como obligatorio entregar la producción a las distribuidoras estatales. El punto que se refiere a las empresas estatales, dicho sea de paso, contiene disposiciones que muestran hasta qué punto los privilegios sectarios y el "mercado negro", eran cambien practicados en gran escala en esas empresas, pues se establece que en ellas debe terminar: "el trueque y la venta directa al público". Se señala, así mismo, que no se permitirán "las remuneraciones en productos".... y "las preferencias para su adquisición en la empresa". Por lo que toca al campo se plantea en el documento del Ministerio de Hacienda, el simple propósito de "canalizar lo sustancial de la producción agropecuaria a través de los mecanismos de comercialización estatal". Se hace, al mismo tiempo, un llamado a los "trabajadores del campo a evitar que los productos agrícolas ingresen al mercado negro". En lo que respecta a la distribución mayorista, se establece que la "Secretaría Nacional de Distribución ejercerá su autoridad sobre las empresas distribuidoras de abarrotes y alimentos"...."Además, regulará e integrará al sistema programado a las empresas mayoristas privadas, las que justificarán siempre la procedencia de sus productos esenciales". Se señala, además, que el gobierno: "no aceptará la persistencia de monopolios privados sobre la distribución de ningún producto". Finalmente, en lo que respecta al comercio minorista, junto con reiterar el documento las funciones de las JAP en las denuncias y en la "acción directa" para impedir el acaparamiento y la especulación, se plantea el establecimiento de 30 productos básicos destinados a ser entregados a cada familia, a través de un acuerdo entre las JAP y los comerciantes de cada sector.

En verdad, como se verá al poco tiempo de ser dado a la publicidad, el documento del Ministro Flores, no correspondía ni a una decisión a ser aplicada a través de una movilización popular, es decir, de hecho; ni a una formulación que tuviera fuerza legal para ser aplicada e, incluso, a jugar por todo lo que ocurrió con las medidas en él propuestas, ni siquiera a una política compartida por todos los sectores de la Unidad Popular. Al parecer, sólo fue un intento de su partido, para colocar al gobierno en una situación de hecho, que lo movilizara a controlar la distribución y a dar un primer paso hacia un racionamiento de productos básicos. No obstante, como emanaba de un gobierno que no controlaba en absoluto el poder y que por la naturaleza oportunista de las fuerzas hegemónicas de la Unidad Popular, no estaba dispuesta a movilizar a las masas para imponer sus decisiones, sólo terminó siendo un manifiesto de intenciones, destinado a enardecer aún más a la oposición y a exhibir aún más la debilidad del gobierno. La indignada respuesta de la oposición no se hizo esperar. "Esta es una acción clara y definitiva para el control totalitario del país... El pueblo de Chile no puede tolerar que se le someta a esta dictadura sin regreso", opinó el líder demócrata-cristiano Eduardo Frei. "Los chilenos tienen la obligación y el deber de resistir las medidas dictatoriales que el gobierno marxista de la Unidad Popular ha decidido implantar en nuestra patria... No vamos a tolerar que se nos instalen las 'checas' cuadra por cuadra, ni que se nos vaya a encuestar familia por familia, para entregarnos un pedazo de pescado, un poco de sal o un poco de aceite... Aquí la gente tiene que repudiar, negarse a entregar la información, organizar los comités de defensa cuadra por cuadra", expresó el Senador demócrata-cristiano Rafael Moreno. "En Chile -señaló el Senador del Partido Nacional Francisco Bulnes- se está cumpliendo la implantación de un régimen similar al de Cuba... El Castrismo se aprovechó del hambre del pueblo cubano para establecer la tarjeta de racionamiento, y, desde ahí, siguen controlando la voluntad y la reacción de todos los cubanos". Juan Hamilton, por su parte, Senador demócrata-cristiano, opinó: "Es un discurso descarado y siniestro (el del Ministro Flores). Los que han hundido al país en el hambre, quieren imponer la dictadura por el estómago. El que no se someta a las JAP y a la UP, no comerá". Por su lado, el Comando de Acción Gremial, que dirigiera el paro de octubre del 72, dice: "Conscientes de su deber de encabezar la lucha por su libertad, los gremios de Chile notifican al gobierno que no aceptarán la instauración del racionamiento". La Confederación de la Democracia (CODE), que agrupa a los partidos de oposición, señala a su vez: "Ante las arbitrariedades y amenazas anunciadas por el Ministro de Hacienda y el carácter inconstitucional de esas medidas llamamos al pueblo a resistir enérgica, pero serenamente, todas las presiones, a oponerse a cualquier empadronamiento en sus casas o en sus barrios".

Los anuncios del Ministro Flores son rechazados también con vehemencia por los organismos dirigentes de los comerciantes. La mayor parte de dichos dirigentes, comprometidos con la oposición, participan en la "patriótica" actividad de acaparamiento de productos y en su reventa en "mercado negro" y la estimulan y, por lo mismo, no quieren ni oír hablar de control de la distribución ni menos de racionamiento. El día 12 de enero elaboran un documento conjunto la Confederación del Comercio Establecido, la Cámara Central de Comercio de Chile y la Confederación Nacional Única de la Pequeña Industria y Artesanado. En dicho documento señalan que: "La fijación de una cuota de productos necesarios por familia, como anunció el Ministro Flores es, lisa y llanamente, racionamiento". El documento analiza también las supuestas violaciones contra las Garantías Constitucionales (compromiso firmado por Salvador Allende con la DC, como condición impuesta por ésta para votar favorablemente en el Parlamento su designación como Presidente de la República), que contenía el documento publicitado por el Ministro Flores. Por último, estas directivas gremiales, "ante la gravedad que reviste la situación", ordenan a sus bases, entre otras cosas: "No integrarse o, en su caso, retirarse de la JAP, por cuanto estos organismos se han transformado en verdaderas 'tropas de asalto', que están persiguiendo e incitando a la destrucción del comercio, sin aportar solución alguna a los problemas de abastecimiento que vive el país. No aceptar ningún procedimiento que implique la puesta en marcha, cíe hecho, del sistema de racionamiento que pretende implantar el gobierno". (1)

Ante esta contra-ofensiva de la oposición, el gobierno, dada su precaria base de poder y renuencia a movilizar a las masas para resolver los problemas fundamentales, como es usual, se coloca a la defensiva. El Presidente Allende envía una carta al diario "El Mercurio", desmintiendo las afirmaciones de este periódico de que habrá racionamiento, en la que señala: "No habrá racionamiento alimenticio, sino una distribución verdaderamente equitativa y humana de los artículos esenciales para el mantenimiento del grupo familiar". El Director de "El Mercurio", por su parte, le responde afirmando que: "la frase que citamos tomada del discurso del señor Allende en la concentración de Mayo de 1971 -'Chile no está acostumbrado al racionamiento y no lo queremos'- no es una mentira y fue interpretada como manifestación de fe del Presidente en la democracia. La enorme mentira, que el país no acepta, agrega "El Mercurio", es que, andando el tiempo, el marxismo fue privando de fuerza esa declaración y avanzó velozmente, al margen de la ley, para organizar el dictatorial sistema de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), al que ahora se agrega el racionamiento de facto, disponiendo lo que cada persona pueda consumir y los requisitos para conseguirlo.... Hay que atenerse, concluye, a las expresiones auténticas del Ministro de Hacienda aparecidas en la revista 'Chile Hoy'.... El autor de esas declaraciones, señor Fernando Flores, ha dicho; 'El problema del racionamiento, de encarar la necesidad de producir las cuotas de consumo y no dejar actuar al mercado libremente, era una necesidad que hace tres o cuatro meses podría desentonar políticamente; parecía una política ultra. Hoy día no' ". (2)

El 22 de enero de 1973, por medio de un decreto, en un vano esfuerzo por atenuar los ataques de la oposición, el Presidente Allende, crea la Secretaría Nacional de Comercialización y Distribución y su Consejo Nacional, nombrando a su cabeza a un general en servicio activo, el general Alberto Bachalet, a quien habría de costarle este nombramiento más adelante, después del golpe de Estado, su muerte en prisión.

Entretanto, el gerente de la distribuidora mayorista estatizada "Agencias Graham", Luis Inostroza, que al parecer había tomado en serio las afirmaciones del Ministro Flores, - realizó un censo en algunas poblaciones y entregó una tarjeta de abastecimiento a cada familia, iniciando luego la distribución de 15a 20 mil "canastas populares", que incluían 20 o 30 artículos. La Secretaría Nacional de Comercialización y Distribución, rechazó de inmediato esta iniciativa y pidió al gobierno la destitución del gerente de "Agencias Graham", la que se concretó poco después. Esta destitución generó un incidente de proporciones, pues, más de 500 pobladores beneficiados con las "canastas" realizaron un mitin en las oficinas de la "Agencia Graham", logrando a su vez la destitución del sucesor de Inostroza, sin conseguir, sin embargo, que éste fuera restituido en su cargo. Más adelante, para prevenir iniciativas como las del gerente de "Graham" el general Bachelet pidió en el mes de marzo con la venia del gobierno, la renuncia de todos los gerentes y subgerentes de las empresas distribuidoras estatales, nombrando en esos cargos a militares y a algunos "técnicos", Por su parte, el Ministro de Economía Orlando Millas, del Secretariado del P"C", reafirmó públicamente que la "racionalización" (no racionamiento) de la distribución de productos correspondía exclusivamente a la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización. El Presidente Allende, además, se dirigió al país a comienzos de abril por cadena de radios y televisión, para afirmar que existía: "una campaña, que no es de rumores, sino que obedece a la determinación de un sector de pobladores o trabajadores, para llevar adelante una escalada destinada a tomar algunas industrias, algunas empresas, fundamentalmente las distribuidoras estatales y privadas". Y señala al respecto: "En repetidas oportunidades me he dirigido a los trabajadores para hacerles entender que una cosa son sus derechos -que por cierto nadie me va a enseñar a respetar- y otra, es el compromiso contraído con mi conciencia para convertir en realidad el programa de la Unidad Popular, y otra cosa son las precipitaciones, las actitudes demagógicas, las improvisaciones o el espontaneismo en que, en diversas ocasiones, sectores de trabajadores han creído conveniente caer" (3) De este modo se echaba un balde de agua fría sobre la movilización popular destinada a luchar contra la especulación, que había suscitado el discurso del Ministro Flores y algunas iniciativas de distribución directa a la población de lo indispensable, que fueran aplicadas en algunos sectores.

No obstante, ni siquiera esta actitud capitulacionista del gobierno frente a las protestas derivadas del modesto y tímido intento que se sugirió de controlar la distribución, tuvieron la virtud de aplacar esa ofensiva. A mediados de mayo de 1973 el Partido Nacional presenta una acusación constitucional en el Parlamento, destinada a destituir el Ministro de Economía, acusado de crear ilegalmente las JAP y la Secretaría Nacional de Distribución y Abastecimiento. A comienzos de junio se sumó a esa acusación el partido demócrata-cristiano. El 20 de ese mismo mes el Ministro fue suspendido de su cargo por el Parlamento y, finalmente, el 5 de julio, destituido.

Es así, como el gobierno se debatía sumido en la más extrema impotencia debido a su naturaleza reformista, frente a la especulación y el desabastecimiento que azotaban cruelmente a los trabajadores y sectores medios. De esta manera, la oposición logró, incluso antes que se desatara un incontrolable proceso inflacionista, anular en buena medida los efectos positivos que había tenido para los trabajadores la redistribución de ingresos en su beneficio, puesta en práctica en el primer año de gobierno. Fistos ganaban nominalmente más dinero, pero sólo con suerte y a costa de grandes sacrificios lograban comprar lo indispensable a precios oficiales, en general se veían obligados a pagar los elevados precios del "mercado negro", listo afectó aún en forma más generalizada e intensa a los trabajadores de "cuello y corbata" y a los sectores medios en general, ya que, por no vivir en campamentos o poblaciones de "emergencia" ("callampas"), dotadas de una organización, que les permitía hasta cierto punto defenderse de la especulación y reclamar colectivamente abastecimiento, estaban por lo general a merced de los especuladores.

De esta manera, vastas capas de la población fueron sometidas a enormes sacrificios, que se sumaban a la explotación misma en el caso de los trabajadores, para obtener hasta lo más indispensable para vivir: el combustible para cocinar y calefaccionar las viviendas, así como el pan, la leche, las legumbres y verduras, la ropa. Algunos productos, como la carne por ejemplo, prácticamente desaparecieron del consumo para los trabajadores y aún para vastos sectores medios. Hubo momentos en que se llegó al extremo de que en restaurantes y salones de té, se debió ofrecer sacarina en lugar de azúcar.

A partir de 1972, además, habría de sumarse a este agudo desabastecimiento, la intensificación del proceso inflacionista, que se tornó en los últimos meses de gobierno de la UP prácticamente incontrolable, alcanzando a más de un 1 por ciento diario el aumento del índice de precios. Por otra parte, la movilización colectiva, absolutamente deficiente y semi-paralizada debido a la dificultad para importar repuestos, era literalmente asaltada en cada paradero por avalanchas de personas, muchas de las cuales viajaban colgando de las ventanas, como verdaderos racimos humanos. La movilización de los sitios de trabajo a la casa, se transformó así en otro martirio, que se sumó al de las "colas" para obtener alimentos. Todo esto, condimentado con los eficaces medios de propaganda de la oposición, que se encargaban de culpar de todo al gobierno y de mostrar que "esto era el socialismo", fue generando un fuerte descontento contra aquél. Aún en sectores que simpatizaban con el gobierno, fue cundiendo la idea de que "cualquiera cosa que ocurriera" que pusiera fin a esta situación insoportable, era preferible a lo que se estaba viviendo. Este estado de ánimo era justamente el que necesitaban los golpistas para consumar sus planes y corresponde a lo que la propia CIA yanki confesó haber estimulado y financiado para "desestabilizar" al gobierno de Allende, aunque, por cierto, hizo bastante más que crear una corriente de opinión adversa en favor del golpe fascista.


Notas:

1. Ministerio de Economía, Estudio de la Subsecretaría de Economía, 1971

2. diario "El Mercurio", 17 de enero de 1973

3. ídem, 14 de enero de 1973


Edición digital del Centro Documental Blest el 07feb02
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